Villarrica y Cunday (1951): El Asedio Policial

Serie: Memoria Histórica del Oriente del Tolima | Entrega 3 (1951)

Síntesis Histórica

¿Qué ocurrió en Cunday y Villarrica a lo largo de 1951?

Durante 1951, el oriente del Tolima experimentó un acelerado colapso del orden civil. Pese a un crecimiento económico extraordinario impulsado por el café —con presupuestos que se duplicaron y censos que superaron los 32.000 habitantes entre ambos municipios—, la inestabilidad política se profundizó: alcaldes fugitivos por desfalco, redadas arbitrarias de la policía chulavita en la Colonia Agrícola del Sumapaz, ataques contra templos protestantes en La Aurora y la quema de agentes policiales marcaron la transición irreversible hacia una guerra abierta.

1. La radiografía censal y económica de 1951: Crecimiento récord en medio del asedio

El censo nacional de población levantado en mayo de 1951 arrojó por primera vez la magnitud demográfica de la cuenca: Cunday contaba con 19.130 habitantes (rozando las cifras de Fusagasugá con 19.924 y superando ampliamente a Viotá con 13.090 o Melgar con 7.002) [1], mientras que el novel municipio de Villarrica alcanzaba 12.940 habitantes en su segundo año de vida [2].

Ese peso poblacional vino acompañado de un salto presupuestal sin precedentes:

Cuadro Comparativo Municipal: Cunday vs. Villarrica (1951)

Indicador Social y Fiscal (1951)	Cunday (Tolima)	Villarrica (Tolima)	Análisis Regional
Presupuesto Municipal Aprobado	$213.938,07	$174.203,30	Villarrica creció un 236% frente a 1950, superando a 21 municipios del Tolima [3].
Recaudo de Impuestos Locales	$53.237 (crecimiento del 59,2%)	$60.063 (crecimiento del 199%)	Villarrica ocupó el puesto 13 departamental en captación tributaria [3].
Ahorro Bancario (Caja Colombiana)	1.320 cuentas ($244.207)	2.881 cuentas ($368.679)	Villarrica concentró más del doble de depósitos y cuentas que Cunday [3].
Defunciones y Mortalidad Infantil	221 muertes (120 menores, 53,3%)	274 muertes (186 menores, 67,8%)	Persistió una tasa dramática de mortalidad infantil en ambas jurisdicciones [3].
Tráfico y Parque Automotor	4 autos, 15 buses, 26 camiones	6 camiones de carga registrados	La red vial soportaba el transporte intensivo de sacos de café hacia Girardot [3].
Vida Cultural y Cinematógrafo	Sin salas permanentes reportadas	130 funciones (10.323 espectadores)	Promedio de 79 asistentes por función a lo largo de todo el año [4].

El contraste era punzante: mientras la Caja de Ahorros registraba un récord de depósitos campesinos y los camiones transportaban cosechas abundantes por los carreteables de La Siberia y La Corcovada, dos de cada tres fallecidos en Villarrica eran niños que morían sin atención médica elemental.

2. El caos administrativo en Villarrica: Fugas, desfalcos y alcaldes efímeros

La administración civil de Villarrica se convirtió en un campo de batalla de intereses partidistas y desgreño fiscal. Al comenzar el año, el 27 de enero de 1951, despachaba como alcalde militar el señor José Emiliano Valbuena, acompañado por el litigante local Aquimil Vélez [5].

Apenas unas semanas después, en febrero, estalló el primer gran escándalo de corrupción: el exalcalde Remigio Nieto fue formalmente encausado penalmente por desvío y malos manejos de caudales públicos, declarándose prófugo de la justicia fuera del Tolima. Para abril, los juzgados dictaron simultáneamente orden de captura contra Nieto y contra el personero municipal conservador, Gabriel Arias Parra (residente en la hacienda El Darién) [6]. El orden público quedó bajo el control directo del comandante del destacamento de policía nacional, Arquímedes Rojas [5].

[INESTABILIDAD INSTITUCIONAL EN VILLARRICA - 1951]
   │
   ├── Enero: Asume el alcalde militar José Emiliano Valbuena.
   ├── Febrero-Abril: Fuga y orden de captura contra el exalcalde Remigio Nieto y el personero Arias Parra.
   ├── Marzo 16: Diógenes Fernández asume la alcaldía y solicita suspender la Junta de Gobierno.
   ├── Agosto: Reclamos contra la policía en Sumapaz; despacha el alcalde Francisco Noel Pérez.
   └── Septiembre 28: Asume como nuevo alcalde civil y militar el sub-inspector Gustavo Delgado Roa.

El 16 de marzo fue posesionado como nuevo burgomaestre Diógenes Fernández, quien a los quince días de mandato solicitó suspender a la Junta de Gobierno provisional ante la parálisis administrativa y la imposibilidad de convocar a elecciones de concejales por el Estado de Sitio [7].

Simultáneamente, la tensión de tierras se reactivó: el 21 de agosto, el terrateniente capitalino Carlos E. Acosta acudió al despacho del siguiente alcalde de turno, Francisco Noel Pérez, denunciando la invasión de su hacienda Santa Helena en la vereda Berlín por colonos liberales liderados por Luis Arturo Hernández Godoy, quien se apoderó de sus mejores caballos bajo amenaza de incendiar la casa de habitación [8]. Finalmente, el 28 de septiembre, la Gobernación militarizó aún más la zona nombrando como alcalde al sub-inspector Gustavo Delgado Roa [8].

3. Terror oficial en la Colonia del Sumapaz y el papel de Antonio Molina

Bajo la dirección de Eduardo Gerléin Gómez y la presencia de uniformados boyacenses, la Colonia Agrícola del Sumapaz funcionó en 1951 como un centro de hostigamiento sistemático. El 3 de abril, el terrateniente y dirigente conservador de Alto Bélgica, Antonio Molina, notificó por telégrafo que mantenía cinco campesinos liberales retenidos a órdenes de un investigador de apellido Sendota, completando quince días de encierro sin indagatoria formal [7].

A finales de ese mismo mes, circuló en Bogotá un libelo anónimo dirigido al Ministerio de Justicia que denunciaba torturas, ultrajes y exacciones cometidas por los empleados y policías del penal contra colonos de los alrededores [7]. El 3 de agosto, el colono Antonio Jesús «Tino» Rojas viajó hasta Ibagué para radicar ante la Gobernación una queja formal por maltratos físicos a manos del destacamento policial acantonado en la Colonia [8].

El amedrentamiento forzoso empujó a centenares de labriegos a abandonar sus parcelas. Los expedientes judiciales de la época registran las declaraciones de colonos expulsados como Cristóbal Sánchez (de 40 años, oriundo de Viotá) y Neftalí Suárez (de 53 años, de Simijaca), procesados en sumarios cruzados por defender los linderos de sus fundos [5].

4. La convulsión en Cunday: Fuego en La Aurora y despojo en San Pablo

En el casco urbano de Cunday y sus veredas aledañas, el orden público se desintegró con igual virulencia. En enero de 1951, Eduardo Gerléin Gómez concluyó la investigación sobre los graves disturbios de La Aurora, donde bandas conservadoras locales atacaron y profanaron un templo de la iglesia protestante [9].

El 16 de febrero, el alcalde militar Alférez Mendoza ordenó clausurar la sede de los "comandos" (facciones de juventudes conservadoras radicales) atendida por el joven Bohórquez, con el fin de evitar un choque armado en el parque principal [9]. No obstante, la insurgencia campesina liberal comenzaba a articularse bajo el mando urbano de Germán Quiceno y el liderazgo veredal de Cesáreo Hernández en La Aurora [10].

Fue en ese sector donde la confrontación alcanzó cotas extremas de crueldad: en una celada de represalia campesina, varios agentes de la policía departamental (chulavitas) fueron rociados con combustible y quemados vivos en los caminos de herradura [11].

"El 10 de mayo de 1951, se denunciaron gravísimos atropellos en la vereda San Pablo: agentes de policía, azuzados por civiles belicosos como Juan B. Sáenz González y Álvaro Bohórquez, procedieron a saquear viviendas campesinas y apropiarse por la fuerza de víveres, enseres y animales para imponer su hegemonía veredal. La directora de la escuela de niñas de San Pablo se vio obligada a huir con el mobiliario para salvar su vida, detonando un nuevo éxodo rural hacia las breñas del monte". [12]

La degradación institucional alcanzó ribetes insólitos en junio, cuando una comisión oficial de auditores de la Contraloría Departamental del Tolima fue expulsada a tiros de Cunday por el propio director de las Escuelas Urbanas, Luis Carlos Bohórquez, quien en estado de ebriedad y empuñando un revólver impidió la inspección fiscal del municipio [9].

Hacia el segundo semestre, con el nombramiento de Noel Díaz Zárate como juez municipal y el traslado temporal del Juzgado de Circuito de Melgar hacia Cunday, el municipio quedó sumido en pleitos y homicidios cotidianos, entre ellos la muerte violenta de José del Carmen Díaz en la inspección de Valencia [13].

5. El balance de 1951: El fin de las garantías civiles

Al cerrar 1951, las dos poblaciones habían perdido cualquier vestigio de institucionalidad neutral:

• Villarrica: Contaba con una economía desbordada por los altos precios internacionales del café y un teatro de cine colmado, pero su gobierno municipal cambió de mando cuatro veces en doce meses entre desfalcos, capturas de personeros y el accionar impune de Antonio Molina.
• Cunday: Experimentó la fractura definitiva de sus autoridades educativas y policivas, con puestos de control como el del sargento Valderrama en La Aurora sometidos al hostigamiento permanente de guerrillas campesinas liberales.

El campesinado del oriente tolimense comprendió que las denuncias en memoriales a Bogotá o Ibagué no frenaban las incursiones armadas. Los campamentos comunitarios de El Roble crecieron en número de familias atrincheradas, preludiando el sangriento ciclo de ajusticiamientos y venganzas que estallaría en 1952.

Fuentes y Archivos Documentales

• [1] Censo General de Población, mayo de 1951, Bogotá, 1955. Citado por: Palacios, Marco. El Café en Colombia (1850–1970): Una historia económica, social y política. El Colegio de México / El Áncora Editores, 2.ª edición, Bogotá, 1983, p. 134.
• [2] Censo de Población de 1951, Dirección Nacional de Estadística. Citado en Anuarios Departamentales del Tolima.
• [3] República de Colombia, Contraloría Departamental del Tolima: Anuario General de Estadística 1950–1954. Imprenta Departamental, Ibagué. Págs. 4-5, 48, 53-54, 81, 85, 147, 159, 162, 321-322 y 531.
• [4] Ibíd., pág. 259.
• [5] Archivo Histórico Judicial de Ibagué. Estante 1, Balda 4, Caja 22, Legajo 1: Sumario N.º 639 contra Carlos Julio Roncería y otros por el delito de doble homicidio. Diligencias de 1950–1951.
• [6] Entrevista a Julia Esther Mora y Rosalba Mora por el autor, Ibagué, 4 de agosto de 2005.
• [7] Archivo Histórico Judicial de Ibagué. Secretaría de Gobierno Departamental, oficios 765 a 1938 de 1951 (memoriales N.º 998, 1147, 1153, 1198 y 1465 del 16 y 30 de marzo, y 3 y 22 de abril de 1951).
• [8] Ibíd., oficios 2752 a 3603 de 1951 (oficios N.º 2802, 3044, 3109 y 3592 del 3, 21 y 27 de agosto, y 28 de septiembre de 1951).
• [9] Semanario Tribuna Gaitanista, Ibagué, ediciones del 6 de enero, 1 y 16 de febrero, 7 de abril, y 16 de junio de 1951.
• [10] Guzmán Campos, Germán; Fals Borda, Orlando y Umaña Luna, Eduardo. La Violencia en Colombia. Tomo I, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1964, p. 120.
• [11] Ibíd., pág. 226.
• [12] Archivo Histórico de Ibagué. Secretaría de Gobierno Departamental, memorial N.º 1639 del 10 de mayo de 1951.
• [13] Ibíd., oficios N.º 2801 y 2945 del 3 y 14 de agosto de 1951.

Navegación de la serie documental:
← Entrega 2 (1950): El Nacimiento Institucional y el Primer Éxodo al Monte | Próxima entrega: 1952 — La Guerra Irregular y el Ajuste de Cuentas