21 de diciembre de 2008

Fernando VII

Nos tocó en suerte hablar del rey de España, Fernando VII, muy importante para nosotros los americanos por su incidencia en los procesos de independencia, junto con sus respectivos funcionarios.
En Fernando VII, Juventud, vimos sus primeros años hasta la abdicación de su padre Carlos IV, luego de Aranjuez 1808.
Tan solo añadir a lo allí expuesto que Fernando VII contrajo matrimonio con María Antonia de Nápoles, en 1802; cuatro años más tarde quedaría viudo.
Luego reseñamos a Fernando VII y la marcha a Francia , Fernando VII: retorno del absolutismo ; posteriormente escribimos sobre el Primer periodo absolutista y La sublevación de Riego .
Viene a continuación lo que los historiadores profesionales han dado en llamar el Trienio constitucional.
Muy pronto las distintas sectas secretas y logias masónicas se enfrentaron entre sí, agrupándose en dos grandes sectores: los progresistas o “exaltados” y los moderados o “doceañistas”. Esta pugna debilitó sin duda la experiencia constitucional. Los moderados ocuparon el poder entre marzo de 1821 y agosto de 1822 con los gobiernos de Pérez Castro, Bardají y Martínez de la Rosa. En agosto de 1822 se formó el gobierno masónico del general Evaristo San Miguel hasta octubre de 1823. Los moderados sostenían un programa transaccional con la participación de la corona, mientras que los exaltados pretendían reducir el papel de Fernando VII para llevar a cabo la revolución burguesa.
Las Cortes del régimen liberal se preocuparon esencialmente de reformar el sistema de propiedad, especialmente los señoríos jurisdiccionales y los mayorazgos. La Iglesia resultó afectada también, ya que se prohibió la proliferación de bienes eclesiásticos y se preparó una limitada desamortización. El tribunal del Santo oficio fue disuelto. Se propuso la venta de gran parte de los terrenos baldíos y de los realengos para disminuir el déficit estatal. Se decretó la libertad de navegación y pesca; se incrementó la producción agrícola y minera; se suprimieron las aduanas interiores y se instauró un sistema proteccionistas para favorecer la agricultura. Se reformó el ejército tratando de mejorar su organización, su preparación y su conexión con las clases populares. El sistema tributario sufrió cambios importantes que afectaban sobre todo a la iglesia y a los grandes terratenientes y se preparó un Código penal y una nueva división administrativa del país. Toda esta legislación tuvo, sin embargo, escas aplicación debido al poco tiempo que duró el periodo liberal, a la resistencia de los absolutistas y a las pugnas internas entre los constitucionalistas. A partid e 1822, cuando dejó de llegar la plata mexicana, las dificultades financieras fueron agrandándose y hubo que decretar algunos impuestos impopulares. La situación se fue volviendo angustiosa y el propio ejército, falto de recursos monetarios, empezó a desmoronarse.
El régimen liberal no pudo tampoco enderezar la situación en América (léase reconquistarla). Erróneamente creyó que la lucha de los criollos se limitaba a los excesos absolutistas, y no supo entender el alcance revolucionario y nacionalista de la independencia americana. Durante todo ese tiempo Fernando VII se adaptó- una vez más- a sus circunstancias, pero opuso gran resistencia a las medidas liberales y sus fricciones con el gobierno fueron constantes.
La reacción absolutista.
A mediados de 1822 los absolutistas empezaron a reaccionar contra el sistema constitucional. La resistencia se concretó en el establecimiento de una regencia en Seo de Urgel (norte de Cataluña) presidida por los generales Bessières, Eroles, Quesada y Samper. Esta regencia consideraba a Fernando VII como prisionero de los liberales y de los masones y entendió como nulas las disposiciones firmadas por él a partir del 9 de marzo de 1820.
Las potencias conservadoras de Europa (Austria, Rusia y Francia en cabeza) veían con muy malos ojos el régimen liberal español, temiendo su influencia en Portugal y en Italia. Hasta entonces el aislamiento internacional de España había sido casi absoluto, como demostró el congreso de Viena y las guerras americanas. Sólo se mantuvieron ciertas relaciones con Rusia. En todo caso, únicamente la oposición de Gran Bretaña impidió una acción inmediata europea contra el gobierno liberal. Después del Congreso de Verona y atendiendo a las peticiones secretas de ayuda de Fernando VII, Luis XVIII de Francia asumió la iniciativa y, en abril de 1823, 132.000 soldados franceses –los “cien mil hijos de San Luis”- al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, entraron en España.
La resistencia de los constitucionalistas se limitó a algunas plazas aisladas como Pamplona, Figueroas y Barcelona. Las Cortes y el gobierno se retiraron con el rey a Sevilla y después a Cádiz, ciudad que cayó en manos de los invasores en octubre de 1823. Sin ningún empacho, Fernando VII declaró que había sido coaccionado por los liberales y regresó a Madrid rodeado de nuevo de consejeros absolutistas y de bayonetas francesas.
La década animosa.
A pesar de las promesas de perdón hechas en Cádiz, durante dos meses no hubo gobierno ya que los absolutistas solo se preocuparon en perseguir de nuevo a los liberales, masones y reformistas, hasta tal punto que el duque de Angulema y las cancilleras europeas expresaron su preocupación por la intensidad de la represión. Solo la presión del embajador ruso hizo que Fernando VII nombrara un gobierno –el de Casa Irujo-, sustituido semanas después por el del conde Ofalia. En esta segunda etapa absolutista destacaron dos personajes: el ministro de Gracia y Justicia, Tadeo Calomarde, que actuó como auténtico valido, y Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, que consiguió estabilizar la economía española y sanear las finanzas.
Apoyados por Calomarde, los absolutistas se enfrentaron a los ministros más aperturistas. De este modo Fernando VII se encontró presionado por absolutistas, apostólicos y liberales que protagonizaron alternativamente varios pronunciamientos y conspiraciones, como el del general Bessières o el del general liberal José María Torrijos en 1831. Los apostólicos y algunos militares resentidos instauraron una junta provisional de gobierno en Cataluña, ferozmente reprimida por el conde de España. En el terreno económico la política proteccionista favoreció un tímido relanzamiento de la revolución industrial.
La sucesión de Fernando VII.
En 1829 Fernando VII se casó en cuartas nupcias con su sobrina carnal María Cristina de Borbón. Sin hijos varones, en marzo de 1830 derogó por medio de una Pragmática sanción de La Ley Sálica vigente desde el reinado de Felipe V, con el fin de que pudiera sucederle su esposa o su hija Isabel, que nació pocos meses después. Los apostólicos, que se habían agrupado alrededor del príncipe Carlos María Isidro-hasta entonces heredero del trono-, se esforzaron por conseguir la derogación de la Pragmática Sanción. Sin embargo, la reina María Cristina y el primer ministro Cea Bermúdez –partidario del poder real “puro” sin interferencia de liberales o apostólicos- impusieron sus puntos de vista sobre el enfermo monarca por encima de los de Calomarde y de Carlos María Isidro. A punto estuvieron estos de conseguir su objetivo en verano de 1832 en La Granja (Segovia) aprovechando una grave enfermedad de Fernando VII. Éste llegó a convocar Cortes para que juraran a su hija como sucesora de la corona, lo cual produjo la ruptura definitiva entre Fernando VII y su hermano Carlos, que se trasladó con sus apostólicos a Portugal. Fernando VII murió en septiembre de 1833, y mientras se formaba un frente cristiano-absolutista-liberal para defender la regencia. Carlos María Isidro iniciaba las guerras carlistas.[1]
[1] Bibliografia consultada:
Fernando VII. Enciclopedia Universal Ilustrada europeo americana. Espasa Calpe SA Madrid 1979.

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